El miércoles 12 de Mayo, el presidente del Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados un plan de ajuste, cediendo a las presiones de los mercados y de la UE, que golpea especialmente a pensionistas, empleados públicos, personas dependientes y parados. Un paquete de medidas dirigidas de forma obsesiva a reducir el gasto, mientras se ignoran las iniciatias necesarias para incrementar los ingresos del Estado. Un plan, en definitiva, que no ayudará a reactivar la economía ni a crear empleo (como, de hecho, reconocen sus promotores) y que, por el contrario, quebrará el ligero repunte de la economía, contraerá el consumo y prolongará los indicadores de la recesión.
La dimensión europea de la crisis económica y financiera ha derivado en planes de ajuste a los que la UE ha llegado tarde, y cuyo contenido ha merecido el rechazo sindical por ignorar las prioridades de la economía (fundamentalmente, la creación de empleo) y asestar un duro golpe a los sectores más débiles, sin olvidar que la crisis ya se ceba en millones de trabajadores que han perdido su empleo. Por tanto, cuando Zapatero presentaba las medidas de ajuste como "un esfuerzo colectivo, equitativo y justificado" estaba faltando a la verdad; unos sectores se sacrifican y otros no. Por eso su plan es inaceptable.
No es tiempo de improvisación ni de demagogia. Pero no deja de ser un sarcasmo que el Gobierno retrase la inaplazable reforma del sistema financiero (no solo de las cajas de ahorros), y facilite ingentes recursos a los bancos para aliviar sus cuentas, mientras el crédito sigue sin circular entre familias y empresas y se erosionan los pilares del insuficiente Estado de Bienestar.
CC.OO. convoca una huelga general en las Administraciones Públicas para el próximo 8 de Junio.
(Gaceta Sindical nº 18)
